FNE se sumará a mesa que busca endurecer castigos en delitos económicos


La Fiscalía Nacional Económica (FNE) también fue contactada por el vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma, para integrarse a la mesa de trabajo que conformaron el pasado jueves los superintendentes de Valores y Seguros, Carlos Pavez, de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado, de Pensiones, Tamara Agnic y el Fiscal Nacional Sabas Chahuán.

Cabe recordar que la instancia surge, en particular, como repercusión del caso Cascadas, pero con el claro recuerdo de la colusión de las farmacias y lo ocurrido en La Polar.

El perfil y protagonismo que ha ido adquiriendo la FNE, en el marco de la defensa de la libre competencia en los últimos años, explican su idoneidad en este cuadro. Al igual que las entidades mencionadas, el organismo dirigido por Felipe Irarrázabal deberá entregar en las próximas semanas un informe que dé cuenta de sus propuestas en la materia, indicó Tuma. Añadió que “en Chile, los distintos sectores económicos están dominados por uno, dos o tres actores” y apuntó a la necesidad de avanzar en el establecimiento de “cuotas máximas de mercado”. Sin embargo, reconoce que este tema no estaría incluido en el proyecto de ley en cuestión. Y es que, en medio de la actual coyuntura de reformas, podría “faltar piso político” desde La Moneda, explicó.


Premisas de la mesa


Como premisas, la mesa considerará que las personas sancionadas tengan privación de libertad (siendo la colusión una práctica que la abarcaría), inhabilidad de cargos y multas proporcionales a lo alcanzado en las operaciones cuestionadas. Junto a ello, se buscaría reformar la Ley General de Bancos (elevando penas y actualizándola para delitos sofisticados, como los informáticos); generar un título especial en el código penal sobre bienes protegidos y amplios planes de capacitación para las distintas instituciones involucradas. Lo anterior implicaría más recursos para las superintendencias, “aunque esto tiene que visarlo el Ejecutivo”, dijo Tuma.

LA INICIATIVA
El origen de esta iniciativa se dio tres días después de conocerse el fallo de la SVS sobre el Caso Cascadas, cuando el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán aseguró que en delitos económicos o de corrupción las penas deberían "ajustarse". Se mostró en desacuerdo con que "se sancione a un sujeto que robe plumas o pelaje de animales con una pena equivalente a la que podría tener un sujeto que ha defraudado al Fisco por varios miles de millones de pesos, o que ha cometido delito económico", dijo. Tras ello, el senador Tuma tomó contacto con Chahuán, acordando formar una mesa técnica con los entes asociados al tema.